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El nuevo Código Penal (Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26) está vigente desde agosto de 2026 Art. 393·Ley 74-25. Si alguien lo amenaza — de palabra, por escrito o por WhatsApp — para que cambie una nota o guarde silencio, esa conducta es delito Art. 154·Ley 74-25. Si usted trabaja en un centro público, la amenaza para torcer un acto de sus funciones se castiga con 5 a 10 años Art. 309·Ley 74-25.

Su buen nombre también está protegido: la imputación pública de un hecho preciso que afecte su honor, su buen nombre o su imagen es difamación, cualquiera sea la forma pública empleada — redes incluidas — Art. 208·Ley 74-25; y la expresión afrentosa que no imputa un hecho preciso es injuria, expresamente también «por streaming, electrónicos o en el ciberespacio» Art. 210·Ley 74-25. La Ley 44-26 rebajó la pena de la difamación, de dos a cinco años a uno a dos años de prisión menor. Y cuando usted informa de buena fe una sospecha de abuso contra un estudiante, la ley lo declara exento de responsabilidad penal y civil Art. 14·Ley 136-03. La ley no vino a vigilarlo: vino a respaldar su trabajo bien hecho.

Por primera vez, el Código Penal dominicano describe el hostigamiento escolar con las palabras que usted usa en el aula: intimidar, insultar, burlarse, fomentar exclusión o aislamiento «en el ámbito educativo» para avergonzar, humillar o entorpecer el desenvolvimiento de una persona o grupo Art. 121·Ley 74-25. La Ley 44-26 retiró la palabra «bullying» del texto legal; la conducta descrita es la misma. Cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, una persona con discapacidad o en vulnerabilidad, o cuando el hostigamiento lleva al suicidio, el tipo se agrava a prisión mayor Art. 122·Ley 74-25.

También tienen nombre el acoso reiterado que altera la vida cotidiana Art. 143·Ley 74-25 — agravado cuando ocurre «en el marco de una relación laboral, educativa o formativa» Art. 144·Ley 74-25 — y el trato cruel o degradante que veja la dignidad, agravado si la víctima es un estudiante menor de edad Art. 119·Ley 74-25. El resultado: un lenguaje común con las familias, la dirección y la Fiscalía.

Entre usted y sus estudiantes existe una relación de autoridad y confianza, y la ley la protege elevando la pena de quien la traiciona. El abuso de esa autoridad agrava la agresión sexual Art. 134·Ley 74-25, la violación Art. 137·Ley 74-25 y el acoso sexual en contextos académicos Art. 145·Ley 74-25. Someter a vejámenes, presión o chantaje a un menor bajo guarda o vigilancia es un delito propio Art. 171·Ley 74-25, y la Ley 136-03 sanciona el abuso físico, psicológico o sexual por quien mantiene autoridad, guarda o vigilancia — su texto menciona expresamente al maestro Art. 396·Ley 136-03.

Esa misma relación implica un deber de cuidado: quien es garante de la protección de una persona y, pudiendo evitar un resultado, no lo evita, puede responder por omisión Art. 12·Ley 74-25. En el abandono agravado de un menor, la palabra «maestro» figura en el texto legal; la pena máxima de 20 a 30 años aplica únicamente cuando el abandono es seguido de la muerte del niño, niña o adolescente y lo comete quien tenía autoridad sobre él — el texto nombra al padre, la madre, el tutor y el maestro — Art. 215, Párr. II·Ley 74-25. Nada de esto convierte cada descuido en delito: exige deber, posibilidad real de actuar y una omisión equiparable a causar el daño. El Código de Ética del MINERD (Orden 22/2023, Arts. 10 a 13) traza el camino práctico: relación solo académica y formativa, comunicación digital grupal e institucional, sin reuniones privadas fuera del centro, sin regalos.

Cuándo. Desde el conocimiento o la sospecha de una situación de abuso o violación de derechos de un estudiante. La obligación alcanza a profesionales de la pedagogía, directores y funcionarios, públicos y privados Art. 14·Ley 136-03. Omitir informar a las autoridades sobre malos tratos o atentados sexuales contra un menor es delito, con 2 a 3 años de prisión Art. 325·Ley 74-25; para el servidor público que se abstiene de denunciar, la pena se agrava Art. 327·Ley 74-25.

A quién. La ruta interna es la dirección del centro y el equipo de Orientación y Psicología, que escalan al distrito y a la regional del MINERD; ante abuso infantil, la remisión al Ministerio Público o al CONANI debe hacerse en un máximo de 24 horas, según el Código de Ética del MINERD (Orden 22/2023, Art. 42). Su informe a una autoridad administrativa o judicial ya cumple el deber legal Art. 325·Ley 74-25.

Cómo. Escuche sin interrogar, escriba lo que vio y oyó, con fecha, y entregue el registro por la ruta. No investigue, no organice careos, no prometa confidencialidad absoluta: prometa acompañamiento. El secreto profesional no le impide informar — divulgar abusos contra un menor a la autoridad está expresamente eximido Art. 196·Ley 74-25 — y quien informa de buena fe queda exento de responsabilidad Art. 14·Ley 136-03.

La ley trata el teléfono de un estudiante como lo que es: una extensión de su intimidad. Difundir mensajes o publicaciones amenazantes, insultantes o intimidatorias para humillar, degradar o aislar es acoso cibernético Art. 123·Ley 74-25. Difundir contenido íntimo obtenido bajo expectativa de confidencialidad es delito, y crear o difundir imágenes, videos o audios falsos o alterados «por medio de montajes o por cualquier otra forma» que dañen el honor o la propia imagen se castiga con 2 a 5 años; la pena sube a prisión mayor cuando la víctima es un menor o existe una relación de autoridad Art. 192·Ley 74-25. Esa fórmula abierta alcanza los montajes hechos con inteligencia artificial, aunque el Código no los nombre.

Divulgar la imagen o los datos de un menor de forma que lo estigmatice o afecte su desarrollo se agrava a 2 a 5 años Art. 186·Ley 74-25. Abrir una cuenta con el nombre de un docente o de un compañero es robo de identidad Art. 188·Ley 74-25, y el acoso sexual por medios electrónicos tiene pena propia Art. 145·Ley 74-25. Su mejor práctica ya está escrita en el Código de Ética (Orden 22/2023, Art. 13): en herramientas digitales, nada de tratos individuales con estudiantes — solo espacios grupales e institucionales.

El punto más malentendido del nuevo Código está fuera de él, en la Ley 136-03, que sigue vigente. Un niño o niña menor de 13 años nunca es penalmente responsable: no puede ser detenido, privado de libertad ni sancionado por autoridad alguna Art. 223·Ley 136-03. De los 13 años cumplidos hasta el día en que cumple 18, el adolescente responde ante la justicia penal de la persona adolescente Art. 225·Ley 136-03, cuya finalidad declarada es «la educación, rehabilitación e inserción social» Art. 326·Ley 136-03, con sanciones socioeducativas y privación de libertad solo excepcional Art. 336·Ley 136-03.

Las penas de prisión del Código — los «20 años», los «30 años» — son para adultos. Y la medida disciplinaria del centro y el proceso penal juvenil son vías paralelas: la sanción escolar, siempre con debido proceso y sin castigos corporales, económicos ni colectivos Art. 48·Ley 136-03, no sustituye la remisión a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia cuando el hecho puede ser delito, conforme a las Normas de Convivencia (Ordenanza 05-2023, Art. 30).

1. Observar. La ley activa su deber desde la sospecha, no desde la certeza Art. 14·Ley 136-03. Atender el cambio de ánimo, la ausencia repetida o la marca inexplicada es la primera protección de sus estudiantes — y la suya.
2. Documentar. Escriba lo que vio y cuándo, con sus palabras, sin interpretar. Un registro con fecha convierte su diligencia en un hecho demostrable Art. 12·Ley 74-25.
3. Informar. Lleve el registro a la dirección y a Orientación y Psicología, y siga la ruta hasta la autoridad competente. Informar lo exime; callar lo expone Art. 325·Ley 74-25.
4. Acompañar. El Código declara el derecho penal «último recurso» y manda al Estado privilegiar la prevención y la resolución de conflictos menos lesivos, en consonancia con la justicia restaurativa Art. 2, num. 13·Ley 74-25. Escuchar sin juzgar, mediar y dar seguimiento es coherente con ese principio — y es, además, lo que las Normas de Convivencia le piden al centro (Ordenanza 05-2023, Arts. 4 y 35).
5. Cuidar la información. El caso se comenta solo con quien debe intervenir. Exponer la identidad o la imagen de un estudiante puede ser delito Art. 186·Ley 74-25; su discreción es parte de la protección.

«Con este Código ya no puedo llamar la atención ni disciplinar.» Falso. Corregir, amonestar, retener un celular hasta el final de la jornada o aplicar medidas educativas es exactamente lo que ordenan las Normas de Convivencia (Ordenanza 05-2023, Arts. 18, 21 y 24). Lo que la ley prohíbe es otra cosa: la violencia, la humillación y el trato degradante Art. 119·Ley 74-25 Art. 147·Ley 74-25.

«Si denuncio y me equivoco, me acusan de denuncia falsa.» La denuncia falsa exige presentar voluntariamente ante una autoridad una imputación que se sabe falsa Art. 329·Ley 74-25; informar una sospecha que luego no se confirma no es eso. Quien informa una sospecha razonable de abuso contra un estudiante está exento de responsabilidad penal y civil Art. 14·Ley 136-03.

«Ofender a un maestro es ultraje a un funcionario.» Ya no: la Ley 44-26 limitó el ultraje al ámbito jurisdiccional Art. 310·Ley 74-25. Su honor sigue protegido por las vías de la injuria Art. 210·Ley 74-25, la difamación Art. 208·Ley 74-25 y la amenaza Art. 154·Ley 74-25.